El recrudecimiento de la guerra en Colombia ha vuelto a poner al periodismo en el medio de la confrontación armada. Los grupos ilegales han buscado hacer de la información un botín de guerra a través de viejas estrategias que fueron utilizadas en otras etapas del conflicto en Colombia. Asesinatos, desplazamientos, amenazas, extorsiones, secuestros, entre otras formas de violencia, hacen parte del intento por controlar la información, posicionar su propaganda y, en últimas, demostrar su poderío frente a grupos rivales o frente a la misma población civil. Ver reporte Flip
Este es el año más crítico de la última década, pues las cifras documentadas de ataques contra periodistas durante 2024 reflejan un récord negativo y trágico. Se registraron un total de 530 ataques dirigidos a 330 comunicadores en todo el país, que incluyen, entre otros casos, 215 amenazas, 20 casos en los que periodistas se vieron obligados a desplazarse forzosamente para proteger sus vidas, cuatro exilios, dos secuestros y el asesinato de tres comunicadores: dos en Norte de Santander y uno en Sucre. Estas cifras resaltan la tendencia que, desde la firma de los Acuerdos de Paz, los ataques mantienen un aumento progresivo cada año.
El aumento del desplazamiento forzado también es un síntoma de la violencia contra los y las periodistas en el país. Mientras que en 2023 documentamos 2 casos de este tipo, en 2024 esta cifra subió a 20, aumentando un 900%. Este es el caso de territorios como Caquetá y Arauca, donde el incremento de las confrontaciones armadas entre dos o más grupos han provocado tácticas de violencia en las que los actores armados muestran con mano dura las consecuencias de no acogerse a las reglas de control sobre la información que se han levantado en medio de los conflictos regionales.
En este contexto los actores ilegales se han configurado como uno de los protagonistas en la violencia contra la prensa, doblando su participación frente a periodos pasados. En 2023, la FLIP contabilizó 470 agresiones en contra de periodistas en todo el país. De ese número, 81 fueron cometidas por actores al margen de la ley: delincuentes comunes, bandas criminales y actores postparamilitares, disidencias y guerrilleros. En 2024, la cifra ascendió a 530 agresiones, de las cuales 122 fueron cometidas por grupos criminales o delincuenciales, lo que representó un aumento del 51.8% en la participación de esos actores en la violencia contra la prensa con respecto al 2023.
Los ataques contra la prensa, que antes seguían esquemas de control más centralizados, han dado lugar a métodos de violencia más diversificados e impredecibles. Esta metamorfosis del conflicto no solo incrementa los riesgos para las y los comunicadores desde múltiples flancos, sino que también amplifica el impacto sobre la sociedad: las comunidades quedan silenciadas, desprovistas de información sobre los problemas que las aquejan y se aleja la posibilidad de construir una ciudadanía territorial fuerte.
“Antes, cuando había un grupo dominante, los periodistas más o menos aprendían a sobrevivir y a casi que caminar sobre cáscaras de huevo para tratar de hacer el mejor periodismo en ese escenario. Pero cuando hay varios grupos, cuando hay tantos elementos, esto complica la vida para el periodista porque es más difícil saber cómo proceder”, Fernando Ramírez, editor de noticias de La Patria y expresidente del Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Más allá de las cifras y el impacto individual de estos hechos, este panorama refleja una censura generalizada en varios departamentos y el temor que sienten decenas de periodistas para abordar temas como la contratación local, los vínculos entre autoridades locales y organizaciones criminales, asuntos medioambientales o temas de la política local.
Este escenario de violencia demuestra no solo un creciente desdén hacia las posibles consecuencias de sus acciones, sino también la limitada capacidad del Estado para responder de manera efectiva.
El laberinto de la desprotección y una nueva guerra
En los últimos años se han reiterado incansablemente varios de los graves problemas que tiene la Unidad Nacional de Protección, UNP. La atención de una amenaza, desde que es recibida hasta que se asigna alguna medida de protección, puede tardar entre cuatro y siete meses; medidas completamente inútiles que no atienden a la matriz de riesgo; falta de transparencia en las decisiones de la UNP, denuncias comprobadas de corrupción y otros problemas institucionales. Quizás, el último hito negativo sea el lamentable hecho de que periodistas que contaban con medidas de protección fueran asesinados y que estas no se estuvieran implementando adecuadamente. Así ocurrió en el 2024, en el homicidio de Jaime Vásquez, y en el 2022, con Rafael Moreno.
Encontrar soluciones a la situación actual de violencia contra la prensa en Colombia se ha convertido en un laberinto. En el transcurso de los últimos años este ha sido un asunto debatido intensamente, y se ha visto desfallecer propuestas de reingeniería al sistema de protección sin que esto haya conducido a cambios prácticos. La brújula de la protección sigue enfocada en la atención individual de casos y no en la protección integral de profesiones que merecen una protección especial.
El retorno de la censura del fuego
En 2024 fueron asesinados tres periodistas por razones vinculadas a su oficio: Jaime Vásquez, veedor ciudadano y periodista de la ciudad de Cúcuta asesinado en abril pasado en una coyuntura criminal altamente atomizada; Mardonio Mejía, un veterano periodista que durante décadas fue la voz más relevante del norte de Sucre; y Jorge Méndez, periodista comunitario del Catatumbo, Norte de Santander.
Con ellos la lista de reporteros ausentes en Colombia, desde 1977, llega a 168. Esta censura del fuego es una práctica repetida, que no es solo la forma más implacable de censura, sino la que deja el vacío más profundo en las regiones y el más prolongado en el tiempo. Estos asesinatos activan la poderosa memoria del miedo a la que se le suma el silencio, no solo para quienes ejercer el periodismo, sino también para quienes son su razón última: las audiencias.
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